Los Ministerios de Minas y Energía, Defensa, Justicia, y Ambiente y Desarrollo Sostenible radicaron ante la Comisión primera del Senado de la República el proyecto de ley que busca fortalecer las medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales, con instrumentos que permitan judicializar con mayor contundencia toda la cadena relacionada con este flagelo que atenta contra el medio ambiente y las comunidades.

La explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación según el informe del IDEAM 2019 y, de acuerdo con el estudio de evidencias de oro de aluvión (EVOA), realizado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, la explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018. Afecta, principalmente, a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó, con reportes en tres Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en territorios de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farallones, en el Valle del Cauca.

Se estima que a partir de 2016, cuando iniciaron los controles sobre la comercialización de oro, se dejó de reportar una producción de este mineral de 30 toneladas año, lo que equivale a un valor comercial de alrededor de $3,6 billones de pesos. Esto representa aproximadamente $140 mil millones de pesos en regalías dejadas de percibir durante el año 2019, con lo cual se podrían haber construido unas 1.400 viviendas de interés social.

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