El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS actualizó, después de 16 años, la Política Nacional del Agua, estableciendo una nueva hoja de ruta con horizonte al año 2050 para orientar la gestión integral del recurso hídrico en Colombia. La política reemplaza el enfoque adoptado en 2010 y responde a los nuevos desafíos asociados al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la creciente presión sobre las fuentes de agua y las desigualdades en el acceso al recurso. Su propósito es fortalecer la gobernanza del agua y consolidarla como un elemento central del ordenamiento territorial y del desarrollo sostenible del país.
Uno de los principales cambios de la nueva política es el reconocimiento del agua como un bien común y un eje estructurante del territorio. Bajo este enfoque, la gestión del recurso hídrico trasciende la administración de la oferta y la demanda para incorporar principios como la justicia hídrica, la justicia ambiental, la participación social y la corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades, los sectores productivos y la sociedad civil. La política también adopta enfoques territoriales, ecosistémicos, diferenciales y de género, buscando que las decisiones sobre el agua respondan a las particularidades de cada región.
La Política Nacional del Agua 2026–2050 se estructura alrededor de cuatro grandes pilares estratégicos. Estos incluyen el fortalecimiento de la gobernanza y del conocimiento para la gestión del agua, la conservación y restauración de los ecosistemas que regulan el ciclo hídrico, la garantía del acceso equitativo y la disponibilidad del recurso, y la adaptación de la gestión del agua frente a los riesgos derivados de la variabilidad climática y el cambio climático. Con ello, se busca integrar la protección de las fuentes hídricas con la planificación territorial y la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas.
La política también refuerza la importancia de mejorar la calidad del agua y prevenir su contaminación, reconociendo que la sostenibilidad del recurso depende tanto de conservar los ecosistemas como de reducir las presiones generadas por las actividades humanas. En este sentido, plantea una mayor articulación entre las autoridades ambientales, las entidades territoriales, los sectores económicos y las comunidades, así como el fortalecimiento de la información y el conocimiento sobre el estado del recurso hídrico para apoyar la toma de decisiones y el seguimiento de las acciones implementadas.
En conjunto, la nueva Política Nacional del Agua plantea una visión de largo plazo que busca avanzar hacia una gestión más integral, participativa y adaptativa del recurso hídrico. Para las organizaciones y los sectores productivos, este marco representa una señal sobre la creciente importancia de incorporar la gestión del agua, la eficiencia en su uso, la prevención de la contaminación y la adaptación climática dentro de sus estrategias ambientales. La política invita a entender el agua no solo como un recurso necesario para las actividades económicas, sino como un elemento fundamental para la biodiversidad, el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad de los territorios.
Consulte más acerca de esta Política en el siguiente enlace: Política Nacional del Agua 2026–2050 – Política Nacional del Agua para la Justicia Ambiental e Hídrica
