Proyecto de Ley – Modificación de la Ley 1523 de 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para la Restitución de Derechos de las Víctimas Climáticas

Proyecto de Ley, “Por medio de la cual se modifica la Ley 1523 de 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para la Restitución de las Víctimas Climáticas como sujetos de especial protección y se modifica la Ley 2577 de 2026, y se dictan otras disposiciones”.

El proyecto de ley tiene por objeto reconocer la gestión del riesgo de desastres como un derecho de todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad. Asimismo, propone establecer una vocación restaurativa del Estado frente a las víctimas climáticas y reconocer como sujetos de especial protección a las personas y comunidades expuestas a riesgos de origen ambiental o climático, particularmente cuando estas condiciones se relacionan con situaciones de vulnerabilidad estructural e inequitativa. Para ello, plantea modificar la Ley 1523 de 2012 y armonizar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con este enfoque.

En este marco, la gestión del riesgo de desastres se concibe como un proceso social permanente, integral y participativo, orientado no solamente a atender las consecuencias de los desastres, sino también a proteger la vida, la integridad, la dignidad humana, el patrimonio, los medios de vida, la infraestructura y los ecosistemas. A su vez, se reconoce su importancia para reducir las desigualdades sociales y territoriales, fortalecer la capacidad de anticipación, respuesta y recuperación de las comunidades, contribuir a la adaptación al cambio climático y avanzar hacia territorios más seguros, equitativos y sostenibles.

La propuesta también refuerza el carácter corresponsable de la gestión del riesgo. Si bien establece que esta es una responsabilidad permanente del Estado y de las entidades públicas en todos sus niveles, también reconoce la participación de la ciudadanía, el sector privado y las organizaciones comunitarias. En consecuencia, las actuaciones deben orientarse prioritariamente a prevenir la generación de nuevos riesgos, reducir los riesgos existentes, fortalecer las capacidades de preparación y respuesta y garantizar procesos de recuperación seguros y sostenibles que eviten reproducir las condiciones que dieron origen al riesgo.

De manera complementaria, el proyecto incorpora la inclusión social y la reducción de desigualdades como elementos fundamentales de la gestión del riesgo, reconociendo que las condiciones de exposición y vulnerabilidad no afectan de la misma manera a todas las personas ni a todos los territorios. Por esta razón, plantea la incorporación de enfoques diferenciales e interseccionales, así como un enfoque étnico y territorial que permita considerar las particularidades de los pueblos indígenas, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y la población campesina, incluyendo sus condiciones de vulnerabilidad y sus formas propias de relación y organización territorial.

En esta misma línea, se propone integrar el conocimiento técnico y científico con el conocimiento local, tradicional y ancestral de las comunidades. La memoria de los eventos, las señales de alerta, las prácticas propias de prevención y adaptación y otros conocimientos construidos desde los territorios serían considerados como elementos relevantes para la identificación de escenarios de riesgo y para los procesos de planificación territorial. De esta manera, la gestión del riesgo incorpora una perspectiva que reconoce tanto la evidencia científica como las experiencias y conocimientos de las comunidades que habitan los territorios.

Finalmente, la propuesta plantea reconocer como sujetos de especial protección a las personas, familias y comunidades cuya exposición y vulnerabilidad frente a los desastres se encuentra asociada a condiciones estructurales de pobreza, marginación social, exclusión territorial o discriminación histórica. Estas condiciones pueden limitar el acceso a alternativas de localización, vivienda segura o medios de vida no expuestos y, por tanto, generar diferencias en la capacidad de anticipar, resistir y recuperarse frente a los desastres. Bajo este enfoque, se plantean medidas orientadas a su identificación y priorización, participación, protección social, reasentamiento y recuperación de derechos y medios de vida.

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