Ley 2462 de 2025 – Modificación de la Ley 731 de 2002, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres rurales, campesinas y de pesca

Ley 2462 del 18 de junio de 2025, “Por medio de la cual se modifica la Ley 731 de 2002 y se adoptan medidas afirmativas, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca; y se dictan otras disposiciones”.

La Ley 2462 de 2025 modifica y amplía significativamente la Ley 731 de 2002, con el propósito de adoptar medidas afirmativas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales, campesinas y de la pesca. Esta norma reconoce su papel esencial en la economía productiva, el cuidado de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y el desarrollo comunitario, estableciendo principios de participación, sostenibilidad, equidad, corresponsabilidad institucional y reconocimiento de saberes tradicionales.

Entre sus principales medidas, la Ley incorpora mecanismos de acceso preferencial al crédito, subsidios, asistencia técnica, educación y seguridad social, priorizando a mujeres de bajos recursos, víctimas del conflicto y jefas de hogar. También crea el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), que apoyará proyectos productivos, asociaciones rurales y procesos de formación financiera y técnica con enfoque diferencial.

La Ley promueve la inclusión activa de las mujeres rurales en espacios de decisión, planificación y evaluación de políticas públicas, a nivel local, regional y nacional. Fortalece su acceso a tierras, servicios de extensión agropecuaria, programas de educación formal y no formal, y reconoce su rol en la economía del cuidado. Además, incorpora medidas específicas para prevenir y atender las violencias basadas en género, con rutas de atención y casas refugio en zonas rurales.

Finalmente, la Ley 2462 impulsa la creación de una Política Pública Nacional para las Mujeres Rurales, Campesinas y de la Pesca, que será diseñada e implementada con enfoque de género, derechos humanos, equidad territorial e interseccionalidad. Este nuevo marco legal reafirma el compromiso del Estado colombiano con la justicia social, la equidad y el cierre de brechas históricas en el campo colombiano.

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